Autonomía Universitaria
Por Dr. Ronald Gantier Lemoine
En su acepción semántica la palabra autonomía tiene una significación y connotación esencialmente jurídica legislativa, porque se deriva de los vocablos griegos autos, que significa “mismo”, y nomos “ley”; esto es, con autoridad para darse leyes a sí mismo (1). Es pues la facultad especial o extraordinaria de algunas entidades públicas para organizarse jurídicamente, darse un derecho propio que es reconocido como tal por el Estado, que, además, es incorporado por éste para integrar su propio sistema jurídico y declararlo obligatorio, cual si se tratase de sus propias leyes y reglamentos.
En consecuencia, aplicada la autonomía a la entidad pública que detenta el pensamiento superior y el conocimiento científico más alto de la sociedad, “alma mater” como lo es la universidad, es lógico suponer que ésta debiera producir un poder moral, intelectual y político institucional realmente superlativo; el poder universitario.
El principio autonómico universitario está constitucionalmente consagrado en Bolivia desde el año de 1931, y plenamente en el artículo 92 de la actual Constitución Política a favor de todas las universidades públicas, con igual cualidad y jerarquía. El párrafo I en la parte que expresa: “…La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos; el nombramiento de sus autoridades, su personal docente y administrativo; la elaboración y aprobación de sus estatutos; planes de estudio y presupuestos anuales…sic; es la norma que contiene con mayor plenitud y fuerza el mandato constitucional y directo de la potestad legislativa propia o “auto legislativa” de la universidad pública boliviana. Luego referiremos cómo se logró consolidar esta conquista en la nueva constitución aprobada por la última Asamblea Constituyente.
Las universidades públicas bolivianas adoptaron históricamente a la autonomía como el principio fundamental e inseparable de la esencia misma de su ser institucional, luchando tenazmente por su conquista y preservación, al grado de constituirse paulatina y prácticamente en un principio dogmático. En nuestro país decir universidad pública es decir universidad autónoma. Consideramos que no se han estudiado aún suficientemente los aspectos psicológicos sociales y políticos institucionales del por qué de esta innegable realidad, fruto del veredicto público de 1931, y del juicio de la historia desde entonces.
En nuestra opinión, aparte de las influencias y antecedentes latinoamericanos que a partir del llamado “grito de Córdoba (1918)” dieron lugar a la reivindicación universitaria boliviana de la autonomía, con los mismos o similares contenidos ideológicos, políticos y académicos; la necesidad de contar con una institución pública fuerte e independiente del aparato burocrático gobiernista, que contrapese al ejercicio siempre abusivo o discrecional del poder estatal en Bolivia, tuvo un enorme peso para el apoyo de nuestro pueblo a su implantación en 1930, y consolidación definitiva en 1931.
A través de nuestra dilatada experiencia universitaria, estamos en condiciones de afirmar que, efectivamente, el pueblo boliviano se identifica con la defensa de la autonomía universitaria, principalmente, porque considera que la universidad pública es la única entidad que reúne las mejores condiciones para cumplir una especie de rol o misión para la moral pública; política y académicamente catalizadora de la acción de la sociedad frente al abuso o mal uso del poder político de los gobiernos de turno del Estado Boliviano. La influencia de la universidad sobre nuestra sociedad, en este aspecto, nunca dejó de ser realmente gravitante.
Un segundo factor, muy vinculado al anterior, es el de la lucha popular por
la Democracia y el Estado de Derecho, que siempre han encontrado en
la Universidad Autónoma su mejor fuente de inspiración y de acción y, en diversos momentos históricos, constituyendo la única y última opción de reconquista de la democracia y de las libertades ciudadanas. Todos los regímenes dictatoriales de nuestra historia, para establecerse en el poder y conservarlo, han tenido que conculcar la autonomía universitaria; e invariablemente también, han sido derrocados por la acción autonomista y el espíritu democrático de los universitarios bolivianos.
A la referida defensa de la soberanía popular, asumida por la universidad autónoma boliviana como norma de conducta, podríamos añadir una tercera misión atribuida por el pueblo: la misión de la reivindicación y defensa de los recursos naturales, sobre todo, de las materias primas no renovables de Bolivia. Ha sido y es siempre la universidad autónoma, la abanderada en la lucha contra el permanente saqueo de nuestras riquezas estratégicas, constituyendo su carácter público, académico y, sobre todo, autónomo, los mejores instrumentos o armas en esta noble misión.
Muchos ciudadanos consideran que aunque son de trascendental importancia las misiones política democrática, popular, y reivindicativa que la universidad boliviana autónoma cumple a favor de la sociedad boliviana, no son suficientes para la legitimación plena de su derecho autonómico; sosteniendo que su misión fundamental es siempre de carácter cultural y profesionista académico, y que, en este respecto, deja mucho que desear. Es en el cumplimiento de esta principal función, según ellos, la que más bien justificaría el reconocimiento y vigencia de la autonomía universitaria; y si no, no.
Sin desconocer en absoluto la evidente crisis académica que atraviesa en estado virtualmente crónico todo el sistema de nuestra universidad boliviana, sobre todo en cuanto a las posibilidades laborales y destino final de su producto seudo profesional, consideramos que el criterio u opinión anterior, es en extremo parcial y demasiado simplista. Si
la Universidad Boliviana Autónoma redujera todas sus actuales funciones a su solo rol académico, aún en el supuesto del mejoramiento exitoso del profesional que produce, incumpliría las misiones tan singularmente históricas y trascendentales que tácita o expresamente le encarga la sociedad, en su lucha por la conquista de un verdadero Estado Constitucional y Social de Derecho.
El elemento más vital y cualitativamente superior en las luchas sociales de nuestro pueblo, ha surgido del seno de la universidad autónoma. Me refiero tanto a las juventudes universitarias idealistas y románticas de todos los tiempos, como a los grandes maestros universitarios que inspiraron la acción y sacrificada entrega de esas juventudes. Los que siempre se aprovecharon demagógica y subalternamente de esa entrega, no merecen por el momento, ni nuestro mal recuerdo.
En el mes de mayo del año 2007, durante el desarrollo de las sesiones plenarias de
la Asamblea Constituyente en Sucre para la reforma total de
la Constitución, emergió un proyecto del MAS dirigido a la afectación o supresión indirecta de la autonomía universitaria por las vías de la incorporación de dos mecanismos de intervención: uno llamado de “control o participación social”
y otro de “control estatal o de rendición de cuentas y transparencia”. El primero suponía la presencia directa y participación permanente de representantes de los denominados “movimientos sociales” en todos los niveles u órganos de ejercicio del poder universitario; el segundo, además de la rendición de cuentas o informes a
la Asamblea Legislativa y a
la Contraloría de la “República”, determinaba la sujeción al control permanente del Ministerio de Hacienda.
El ex Dirigente que suscribe, en su calidad de Secretario General de
la Federación Nacional de Trabajadores en Universidades de Bolivia FNTUB, dio la alerta primera y fue el de la iniciativa para la convocatoria estratégica de un Congreso Nacional Extraordinario con sede en Sucre, a objeto de ejercer una fuerte presión nacional universitaria sobre
la Asamblea Constituyente y lograr un acuerdo de respeto pleno a la autonomía de las universidades públicas de Bolivia.
Así se hizo y el objetivo fue logrado no sin arduas y tensas negociaciones, en las que el autor del presente artículo tuvo una actuación relevante, siendo, incluso, el redactor de los puntos del convenio final que se suscribió entre los representantes de
la Universidad Boliviana y los delegados de
la Bancada Nacional de Constituyentes del MAS-IPSP en fecha 20 de mayo del año 2007. Contamos con la documentación que prueba plenamente lo referido, como también, de haber sido nosotros las principales víctimas de las diatribas públicas del partido de gobierno en aquella ocasión.
En el estado de cosas actual, nuevamente, después de aquellos últimos intentos de
la Asamblea Constituyente por suprimirla o limitarla en mayo del año 2007, se pone hoy en riesgo la vigencia de
la Autonomía Universitaria, a través de la sanción de una diversidad de leyes o normas no específicamente destinadas a la universidad pública boliviana, pero dirigidas a menoscabar su autonomía; más en afán de una provocación de siniestros objetivos políticos, que en el de la superación de la crisis universitaria o del mejoramiento de su función académica y social. Todo parece dirigirse principalmente a la consolidación de la concentración del poder político, sin el obstáculo de una universidad libre, hasta la instalación en Bolivia de una verdadera autocracia.
Chuquisaca, marzo 16 del 2011
(1).
Monlau, Pedro Felipe: Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Buenos Aires, El Ateneo, 1941, página 384.
